Ley Crea y Crece: qué es y cómo afecta en 2026-2027

La Ley Crea y Crece entra en su fase más decisiva en 2026, año en el que la digitalización de la facturación será ya una obligación real para empresas y autónomos. Tras su aprobación como Ley 18/2022, esta normativa culmina su despliegue con la implantación obligatoria del software de facturación homologado (Veri*factu) y el avance definitivo hacia la factura electrónica estructurada entre profesionales. Para pymes y autónomos, 2026 marca un antes y un después en la forma de emitir, recibir y conservar facturas en España.

La Ley Crea y Crece nació para facilitar la creación de empresas, impulsar su crecimiento y modernizar su gestión mediante la digitalización. En 2026 se materializa uno de sus pilares más importantes: el control electrónico de la facturación. A partir de este momento, emitir facturas con Excel, Word o programas no certificados dejará definitivamente de ser válido, lo que obliga a miles de empresas a actualizar sus sistemas.

Con esta nueva ley se permitirá la creación de nuevas empresas al alcance de todos los emprendedores, independientemente de su nivel económico. Por este motivo, una de las ventajas y novedades de esta ley es la posibilidad de crear una empresa con un capital simbólico de 1 euro.

Destacamos que esta ley aparece como resultado de una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pretende acompañar a las empresas a lo largo de todo su ciclo de vida, mejorando su productividad y digitalización. Los principales pilares en los que se apoya esta nueva ley son:

• Medidas para agilizar la creación de empresas.
• Medidas para la lucha contra la morosidad comercial mediante la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas de todas las relaciones comerciales y prohibiendo a las empresas morosas el acceso a subvenciones públicas.
• Refuerzo de financiación para el crecimiento empresarial.
  
  

¿Qué ventajas tiene la Ley Crea y Crece?

La utilización de software de facturación conforme al sistema Veri*factu de la Agencia Tributaria será obligatoria una vez entre en vigor plenamente su calendario definitivo de aplicación, actualmente en fase de implantación progresiva.

Estos programas deberán garantizar en todo momento la integridad, trazabilidad, conservación e inalterabilidad de cada factura emitida, así como permitir, en su caso, su remisión automática a la Administración Tributaria. La normativa tiene como objetivo reforzar el control contra el fraude fiscal y la economía sumergida, cerrando definitivamente el uso de herramientas de facturación que no cumplan con los requisitos técnicos establecidos. No obstante, las fechas concretas de obligatoriedad para empresas y autónomos están sujetas al calendario definitivo que establezca Hacienda.

Una de sus ventajas más importantes es la reducción de la morosidad. Esto se llevará a cabo de dos formas: en primer lugar, mediante la incentivación del uso de las facturas electrónicas entre empresas y autónomos, y en segundo, mediante la obligación de cumplir con los plazos de pago entre empresas para poder acceder a subvenciones estatales.

Lo más importante es su objetivo de lograr la creación de un mayor número de empresas y que además éstas puedan progresar y perdurar en el tiempo.

Factura electrónica obligatoria entre empresas: lo que se aplicará a partir de 2026

La Ley Crea y Crece establece que todas las facturas entre empresas y autónomos deberán ser electrónicas, eliminando progresivamente el papel y el simple PDF. Aunque la obligación legal ya existe, la entrada en vigor efectiva de la factura electrónica estructurada en formato XML depende del desarrollo del reglamento técnico. Todo apunta a que su aplicación comenzará de forma escalonada tras 2026, empezando por grandes empresas y extendiéndose posteriormente a pymes y autónomos.

También se pretende digitalizar las relaciones empresariales, reduciendo costes de transacción y eliminando morosidades en operaciones comerciales. Por lo que será obligatorio la expedición y remite de facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales.

Implicaciones que lleva para las empresas:

• Tendrán la obligación de emitir la factura electrónica estructurada.
• Los destinatarios tendrán que recibir facturas electrónicas.
• Deberán poner las facturas a disposición de clientes durante al menos 4 años.
• Si no se cumple podrá haber sanciones de hasta 10.000€
• Es necesario generar formatos de factura Facturae, UBL y otros con formatos XML, siendo no valido el formato PDF.

Morosidad, plazos de pago y acceso a ayudas en 2026

La Ley Crea y Crece refuerza su lucha contra la morosidad comercial. En 2026 será aún más determinante el cumplimiento estricto de los plazos de pago, especialmente para las empresas que quieran optar a ayudas, subvenciones o contratos públicos. La combinación de control digital de facturas y acceso condicionado a subvenciones refuerza de forma directa la disciplina de pagos en el mercado.

La clave para afrontar con seguridad la entrada en vigor de estas obligaciones es la anticipación tecnológica. Antes de 2026 resulta imprescindible revisar el sistema de facturación, comprobar que el software esté certificado o sea actualizable a Veri*factu y adaptar los procesos internos a la gestión electrónica integral de facturas. Aquellas empresas que esperen al último momento se enfrentan a mayores riesgos operativos, sanciones y bloqueos en su facturación diaria.

En Control Group ayudamos a pymes y autónomos a prepararse para la Ley Crea y Crece y la factura electrónica obligatoria de 2026 mediante soluciones de software de gestión Sage, plenamente adaptadas a los nuevos requisitos legales. Nuestros consultores acompañan a tu empresa en todo el proceso de análisis, implantación y adaptación para que el cambio sea seguro, rápido y sin interrupciones en tu actividad.

El año 2026 marcará el punto de no retorno para la facturación digital en España. La Ley Crea y Crece deja de ser una previsión para convertirse en una obligación operativa real. Adaptarse con antelación no solo evita sanciones, sino que permite mejorar la eficiencia, reducir errores y convertir la digitalización en una ventaja competitiva real.

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